Nacional Viernes 24 de septiembre de 2021.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O informó que la economía mexicana registra un repunte rápido, con cifras de crecimiento muy elocuentes y ya acumuló cuatro trimestres con avances pronunciados. Ante diputados, en el análisis del tercer informe de gobierno y del paquete económico 2022, explicó que la rápida recuperación es porque la crisis no fue por burbujas especulativas y desequilibrios macroeconómicos globales o nacionales. Dijo que la crisis fue por las restricciones de la pandemia, mas no por problemas estructurales de la economía mexicana; debido a ello, la recuperación.

De acuerdo a El Universal, en su acusación en contra los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fiscalía General de la República sostiene que representan un peligro para las cárceles, que con actos de corrupción pueden obtener beneficios y, con ayuda de la organización criminal que conforman, darse a la fuga gracias a las grandes cantidades de dinero que poseen. Por ello, al solicitar en dos ocasiones a un juez federal órdenes de aprehensión en su contra, la Fiscalía General de la República pidió que los 20 hombres señalados sean internados en el Penal del Altiplano, donde se encuentran capos como Jesús Héctor El Güero Palma y José Antonio Yepes El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima y las 11 mujeres acusadas en el Centro Federal de Readaptación Social 16 Femenil de Morelos.

Por su parte Monreal, Sheinbaum y Nieto se desmarcan del debate contra científicos.

Las empresas de autobuses de pasajeros no darán el servicio a haitianos o a cualquier extranjero que no acredite su estancia legal en el país, confirmaron transportistas en estados como Tamaulipas, Durango, Veracruz, Estado de México y Puebla.

Columnas:

René Delgado, “¿Septiembre hace verano?”en El Financiero, opina que al abordar, sin embargo, esa circunstancia es imposible sin antes condenar la infamia de perseguir a científicos reconocidos por sus aportaciones. El asombroso empeño por encerrarlos en un penal de alta seguridad, cuando dos jueces han ya desestimado la causa penal, es un despropósito mayúsculo. Una acción que, sin duda, lastima a los señalados, pero también desprestigia al gobierno, así como a la misma Fiscalía. Un sinsentido injustificable, sobre todo, cuando a los verdaderos criminales se les toleran los agravios cometidos contra la sociedad y el Estado, se les busca con flojera o se les deja ir, se les dispensa un trato preferencial o se les ofrecen abrazos para no estar de brazos cruzados. A cuentas debería llamar el Senado de la República a Alejandro Gertz Manero y preguntarle de qué se trata, haciéndole ver que la autonomía y la independencia de la Fiscalía no es fuero para emprender causas con tinte de capricho, venganza o revancha.

Raymundo Riva Palacio, “El ataque a científicos, desde arriba”, en El Financiero, opina que una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt conforman, para el gobierno federal, un cártel más peligroso que el Del Pacífico o el Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, pedirle a un juez órdenes de aprehensión contra ese grupo por delitos que incluyen los de delincuencia organizada y que los encerrara en una prisión de máxima seguridad, era más apremiante que cualquier acción contra el líder de una organización criminal, donde la acción del gobierno es la opuesta: no hay persecuciones en su contra. Lo que el gobierno, a través de la Fiscalía General, no hace contra los líderes de los cárteles de las drogas, sí lo hizo contra los científicos. La fuerza del gobierno no se aplica en ellos, sino en quienes han disentido del gobierno, como se aprecia en la orden de aprehensión contra los científicos, solicitada el 24 de agosto pasado al juez de Distrito en El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, que revela sevicia y despropósito.

En esa reveladora solicitud señaló que los investigadores y académicos –muchos de ellos reconocidos internacionalmente– tenían una conducta criminal, que de acuerdo con sus investigaciones, por las “enormes cantidades de dinero” y “capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones”, pues tenían recursos “para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”. La acción del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, provocó un tsunami de críticas, no tanto por la investigación sobre presuntas ilegalidades con el manejo de recursos públicos, sino por las acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, Gertz Manero no actuó sólo. Hay evidencias para argumentar que la embestida contra los científicos contó con el aval de las más altas esferas del gobierno.

Carlos Marin, “Conacyt: la vileza 'es de los medios”, Milenio, opina que Cuatro hechos explican la estulta imputación de delincuencia organizada con que la Fiscalía General de la República pretende que 31 científicos vayan a la cárcel de alta seguridad del Altiplano: a) el pitorreo que generó entre investigadores y académicos el sorprendente disparate de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, al afirmar que fue “inútil” la llegada del hombre a la Luna; b) la inconformidad ante el Poder Judicial de sus ahora perseguidos por los recortes “juaristas” a la asociación civil Foro Consultivo, Científico y Tecnológico; c) el rechazo de sus integrantes a que el doctor Alejandro Gertz Manero fuera admitido en el Nivel Tres del Sistema Nacional de Investigadores, y d) su abierta discrepancia con Álvarez-Buylla por haberlo admitido. Agraviados y unificados por el rencor, la señora (ignorante de que los microchips que hoy son comunes en la telefonía celular se derivan de los circuitos integrados de la computadora de navegación del Apolo 11) le puso al fiscal el balón de una investigación interna. Gertz Manero falló dos oportunidades de chutarlo con las negativas judiciales a sus peticiones de órdenes de aprehensión, pero se alista para patear otra vez con la esperanza de meter gol. Pese a la repulsa generalizada en el mundo del conocimiento ilustrado y científico a lo que hiede a venganza, y contra la indignada condena del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, por la extrema acusación de delincuencia organizada, no faltan cuatroteístas con iniciativa que quieren ampliar la escandalosa persecución: el senador morenista por Coahuila Armando Guadiana (empresario minero de sombrero tejano y tupido bigote) propone que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hurgue en todas las universidades públicas y centros de investigación. Por fortuna Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, lo paró en seco: para quien le pregunte, dijo, “estoy del lado de la UNAM, de los científicos y de la justicia”. Y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el cargo “delincuencia organizada” le parece cuando menos “un exceso”.

Mañanera:

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el registro para la vacunación de menores de edad con enfermedades crónicas o congénitas se abrirá el 1 de octubre durante la primera semana del siguiente mes se comenzará la coordinación instalación de unidades médicas. El funcionario advirtió que, aunque el universo de niñas niños y adolescentes es relativamente reducido, el gobierno espera vacunar desde 750 mil hasta 1 millón 500 mil personas menores de edad. Aclaró que se inmunizará aquellos que padezcan enfermedades que deprimen su sistema, crónicas, trastornos o adolescentes embarazadas.

El presidente criticó que los científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenían mucha influencia y buenas agarraderas, por lo que no se había encontrado los gastos que hacían en lujos con el presupuesto que les entregaba el gobierno. Para el pago de proyectos, bocadillos, viajes Y hasta chóferes, las administraciones anteriores entregaron alrededor de 571 millones de pesos a la asociación civil de investigadores del Conacyt entre 2012 a 2018, informó el Presidente. Acusó que se trataba de un grupo predilecto del régimen anterior y como ya nos entregan en éste, se sienten perseguidos. Señaló que la detención de los presuntos autores del ataque con explosivo en un restaurante en Salamanca, Guanajuato, se hizo una investigación conjunta con el gobierno del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.