DIPUTADA ROSARIO OROZCO APOYA EL DERECHO A UNA “VIVIENDA ADECUADA” A PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

·      Agradeció el voto en sentido positivo del dictamen que armoniza la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con la reforma constitucional.

Durante la Decimoquinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la diputada federal por Puebla, María del Rosario Orozco Caballero, agradeció y celebró la emisión del dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La Legisladora de Morena explicó que la propuesta, impulsada de manera conjunta con el diputado Julio César Moreno Rivera, derivó del mandato establecido en el sexto transitorio del decreto publicado el 2 de diciembre de 2024, el cual reformó los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer expresamente el derecho a una vivienda adecuada, obligando al Congreso a armonizar la legislación secundaria.

Orozco Caballero enfatizó el profundo significado que posee el hogar para las comunidades originarias y afromexicanas, “cuando nos referimos específicamente a los pueblos indígenas, hablar de vivienda no significa únicamente hablar de una construcción; significa hablar de un espacio donde se preserva la lengua, donde se transmiten conocimientos ancestrales, donde conviven las familias, donde se mantienen vivas todas las formas de organización comunitaria y donde se fortalece el vínculo con la tierra y el territorio.”

En ese orden de ideas, la diputada poblana argumentó que la modificación representó un cambio de paradigma de gran relevancia jurídica al sustituir expresiones ambiguas por parámetros claros y medibles alineados con el marco internacional.

“Anteriormente la Constitución decía que necesitábamos una ‘vivienda digna y decorosa’, conceptos que no podíamos evaluar ni medir; hoy se traduce ese concepto a ‘vivienda adecuada’, concepto que tiene un contenido jurídico definido construido a partir de los estándares internacionales de derechos humanos y que obliga al Estado mexicano a diseñar mejores políticas públicas. No es solamente el cambio de palabras, sino que es pasar de un concepto aspiracional a un derecho con parámetros ciertos que van a orientar la actuación del Estado”, dijo.

Asimismo, Orozco Caballero puntualizó que la armonización de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas resultaba indispensable para brindar certeza jurídica y lograr que todas las instituciones del Estado hablen un mismo lenguaje de protección a los derechos humanos, respetando las formas propias de habitar de las comunidades.

“Compañeros y compañeras, a veces las reformas más breves son las que producen los cambios más profundos, y esta modificación consiste no en sustituir una expresión por otra, sino en darle el valor y el contenido que necesitamos para que las personas nos desarrollemos en las mejores condiciones respetando nuestros principios y legado cultural”, concluyó.