La violencia en las redes para adolescentes
Por Onel Ortíz Fragoso
@onelortiz
La violencia ha encontrado en las plataformas digitales un espacio para reproducirse, multiplicarse y, lo más grave, normalizarse entre niñas, niños y adolescentes. Lo que antes ocurría en los patios escolares ahora continúa durante las 24 horas del día en teléfonos celulares, videojuegos y redes sociales. En este contexto, el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a las infancias de contenidos violentos constituye una decisión necesaria y abre un enorme debate de las responsabilidades del Estado, las empresas tecnológicas y las familias. La pregunta es sencilla: ¿quién protege a nuestros hijos en internet?
El artículo tercero del decreto establece prohibiciones para impedir que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenidos relacionados con el acoso, la explotación sexual, los discursos de odio, la apología del delito, la pornografía, el suicidio y las autolesiones. Estamos frente a una generación que crece acompañada por algoritmos diseñados para capturar su atención, muchas veces sin importar las consecuencias emocionales, psicológicas y sociales. La libertad de expresión no puede convertirse en pretexto para permitir que las empresas tecnológicas obtengan ganancias mediante la exposición de menores a contenidos peligrosos.
El artículo cuarto establece obligaciones concretas para las plataformas: verificar la edad de sus usuarios, retirar contenidos violentos, establecer mecanismos de denuncia, transparentar sus criterios de moderación y facilitar herramientas de supervisión parental. Aquí comienza el verdadero desafío. ¿Cómo obligar a gigantes tecnológicos internacionales a cumplir disposiciones nacionales? ¿Quién vigilará sus algoritmos? ¿Cómo evitar que la verificación de edad se convierta en un mecanismo de recopilación indiscriminada de datos personales? El gobierno deberá construir capacidades institucionales y tecnológicas para supervisar su cumplimiento, garantizar el debido proceso y evitar que la protección infantil termine justificando prácticas de censura.
Pero sería un error trasladar toda la responsabilidad al gobierno y a las empresas. Los padres de familia enfrentan una realidad incómoda: muchas veces desconocen qué consumen sus hijos en sus dispositivos electrónicos. Hemos convertido teléfonos y tabletas en instrumentos de entretenimiento permanente, sin establecer límites ni acompañamiento. Proteger a las infancias exige recuperar la comunicación familiar, impulsar la educación digital desde las escuelas y enseñar a distinguir entre información, manipulación y violencia. Los desarrolladores, por su parte, deberán abandonar la lógica de diseñar plataformas únicamente para maximizar la permanencia de sus usuarios.
El decreto representa un punto de partida, no la solución definitiva. Su éxito dependerá de reglas claras, supervisión efectiva y corresponsabilidad social. México necesita construir una ciudadanía digital que ejerza sus derechos sin exponerse a la violencia. Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes no significa cerrarles las puertas del mundo digital, sino garantizar que puedan recorrerlo con seguridad, libertad y dignidad.
Eso pienso yo, usted qué opina. La Políticda es de bronce.
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