El ministro y el presidente

Por Onel Ortíz Fragoso @onelortiz 17 de marzo de 2021

En el contexto de la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado lunes al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Záldivar Lelo de la Rea, en donde solicita que se investigue la actuación de un juez federal en el otorgamiento de una suspensión provisional de la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se ha escrito mucho respecto a la relación que debe existir entre los poderes del Estado Mexicano.

En estos casos se habla de la división de poderes y de las relaciones institucionales entre los mismos. Hay que partir de un hecho, de acuerdo a nuestro marco legal las relaciones entre poderes se dan como autos de autoridad de acuerdo sus ámbitos de competencia. Esta circunstancia también es así entre los poderes de la Unión, los poderes de los Estados y con los órganos e instituciones públicas que la Constitución y las leyes les otorga autonomía. El catálogo de este tipo de relaciones es enorme, tan largo como pueden ser las atribuciones de cada poder o institución. Por ello, todas las comunicaciones de este tipo deben sustentarse, justificarse y firmarse por autoridad o servidor público facultado para ello.

¿Quién es el poder y la autoridad responsable de garantizar que los autos de autoridad sean legales y constitucionales? El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien determina la legalidad y la constitucionalidad, de las acciones de las autoridades o de la constitucionalidad de las leyes, según correspondan.

Existen otras modalidades de comunicaciones entre poderes, como son las protocolarías y las ceremoniales, que tienen que ver con actos solemnes del Estado. Los dos ejemplos más simples son las conmemoraciones del inicio de la lucha por la Independencia o de la Revolución, donde están presentes los tres poderes a través de sus titulares. Una modalidad más son las comunicaciones de cortesía y a título personal, que van desde invitaciones a eventos organizados por algunos de los poderes hasta felicitaciones por cumpleaños o el envío de condolencias.

Como puede percatarse, el abanico de comunicación entre poderes y autoridades es amplísimo. Comunicaciones que pueden ser lentas, rígidas y burocráticas, pero en muchos casos necesarias. Recuérdese, por ejemplo, que Rosario Robles está presa formalmente, porque no informó por escrito al entonces presidente Enrique Peña Nieto de la estafa maestra.

¿En dónde se ubica la carta que el Presidente López Obrador envío al Ministro Záldivar? En primer lugar es positivo que lo haya hecho en una carta, no sólo oralmente en su conferencia mañanera o por medio de un tuit. No es una acto de autoridad de un poder a otro, no es una carta protocolaria o de cortesía. Es una comunicación con peticiones específicas y muchas valoraciones políticas legitimas, pero a título personal del jefe del Ejecutivo.

La carta va dirigida al Ministro en su calidad de Presidente de la Judicatura Federal. ¿Qué le pide el Presidente al Ministro? Dos cosas. La primera: “…solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.” La segunda: “… y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio.” Lo que sigue son opiniones del presidente respecto a intereses y acciones de empresas y personas respecto al tema energético.

Legalmente, ante el otorgamiento de las suspensiones provisionales, ahora de dos jueces, el Poder Ejecutivo puede acudir, por medio de su consejero jurídico y como una de las partes interesadas, a las instancias legales correspondientes. Y si el Presidente tiene elementos para suponer que los jueces que otorgaron las suspensiones provisionales fueron corrompidos o participaron en actos de corrupción, acudir al Consejo de la Judicatura, a través de los mecanismos previstos en las leyes.

Fiel a su estilo, el Presidente López Obrador utilizó su conferencia y su carta para reiterar su posición política en este tema. No altera la división de poderes, ni se excede en sus atribuciones, pero sí presiona en la opinión pública la actuación del poder judicial . La respuesta del Poder Judicial debe ser también legal y formal y no sólo mediática. Ojalá que además de su carta, el Presidente haya cumplido con estos dos aspectos formales, impugnar la suspensión provisional y acudir al Consejo de la Judicatura, pero necesarios para que prevalezca el Estado de derecho.