Bajo el Cerro de la Silla

Por Onel Ortíz Fragoso

@onelortiz

11 de mayo de 2021

Bajo el Cerro de la Silla estalló un nuevo escándalo. En la tarde del 10 de mayo, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos festejaban a sus madrecitas, la Fiscalía General de la República (FGR), emitió dos escuetos boletines que fueron candela pura.

En el primero, informó que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos le había enviado al Gobierno de México nuevos datos respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, familiares y empresas vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas.

En el segundo, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que iniciaba investigaciones en contra del Candidato del PRI a la Gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza por compra y coacción del voto. Así como en contra de Samuel García, candidato de MC al mismo cargo y familiares por presuntos delitos electorales, referentes a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.”

El tema de García Cabeza de Vaca se cuece aparte. Respecto a las investigaciones en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, que impactan el proceso electoral en Nuevo León, hay que precisar algunos aspectos:

Primero. Adrián de la Garza, Samuel García y demás personas mencionadas en el comunicado de la FGR son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Hay presunción de inocencia y su carpeta de investigación debe desarrollarse bajo el debido proceso. La FGR tiene que demostrar ante un juez que sus acusaciones están sustentadas y que las acciones que les imputan son delitos.

Segundo. La FGR tiene la obligación de procurar la ley. La autoridad no puede ser omisa ante hechos que fueron denunciados y que pueden constituir un delito, no sólo en materia electoral, sino penal. Si la Fiscalía tiene elementos en contra de estas personas su obligación es proceder, como lo hizo.

Tercero. El Presidente de la República tiene la obligación ciudadana, como cualquier persona, de denunciar hechos que considere delitos, a través de los medios que estén a su alcance para que las autoridades correspondientes actúen.

Cuarto. Los involucrados, sus partidos y simpatizantes tienen el derecho de defenderse por medios legales, políticos y sociales, de forma pacífica y de acuerdo a las leyes. Los candidatos y los líderes del PRI y de MC, están en su derecho de protestar, de cuestionar a la Fiscalía, de criticar al Presidente y de movilizarse. La acción emprendida por la FGR no violenta el Estado de derecho, pero sí pone en una situación inédita al sistema de justicia mexicano en procesos electorales.

Quinto. Todas las hipótesis, opiniones, elucubraciones y cálculos que desde ayer inundan las redes y los medios son positivas. Hay una opinión pública viva y libertad de expresión. Que sean los hechos los que vayan señalando el curso de estos expedientes.

Dicho esto, opino que la compra de votos ha sido uno de los vicios, ahora delito grave, que aún está presente en los procesos electorales. Es una práctica que lamentablemente realizan todos los partidos políticos. La Fiscalía debe investigar el caso de Adrián de la Garza y otros que han sido denunciado por acciones similares , como el de Víctor Romo en la Alcaldía Miguel Hidalgo y el de Evelyn Parra en Venustiano Carranza, por mencionar sólo dos que los medios retomaron ampliamente.

En lo que corresponde al candidato de MC, debe aclararse el origen de los recursos con los cuales ha financiado su campaña. Las propias declaraciones del candidato a medios de comunicación en días pasados justificaban la investigación. La FGR ya actúa, falta que el INE emita una resolución al respecto.

Se dijo que estas elecciones serían diferentes. Sí lo están siendo, al menos en lo que corresponde a que las autoridades electorales actúen. Ya lo hicieron en Guerrero y Michoacán, unos estuvieron de acuerdo otros no, pero se cumplió la ley. Ojalá sea para bien, para los que viven en las faldas del Cerro de la Silla y para todo el país.